Lo sagrado en lo político

Moral y ética estarían destinadas a permanecer en continua oposición si la primera agotase sus expectativas en este mundo. Esto explica que la sociedad atea tienda al autoritarismo o a la anarquía. Pues, salvo para la moral, donde busco salvarme yo, el individuo no es un fin en sí. Se me ocurren muchas instancias por las que el hombre debería morir, dado el caso: el interés común (si prometió defenderlo hasta las últimas consecuencias), la justicia, la verdad, etc. Sin embargo, al exigírsele un altruísmo puro, se violentaría su libertad y su razón de ser, desintegrándose la moral, que con la muerte del hombre pierde su objeto, si nada hay más allá del cadáver. Ahora bien, sin esta cláusula de sacrificio la ética sería una quimera, y la sociedad un cuerpo cuyas partes estarían sólo circunstancialmente unidas.

Por decirlo con mayor dureza, todo hombre es único desde una perspectiva metafísica; en cambio, éticamente resulta reemplazable. Pues si bien sin hombres no se alcanzan los fines de la humanidad, ello atañe sólo al principio general de conservar a los individuos, "conditio sine qua non" para la realización de aquéllos. Esto es, cualquier individuo puede quedar sometido a la obligación ética de morir por el hecho mismo de ser parte activa de una sociedad, salvo el que todavía no ha nacido, al que dicho principio conservador se aplica de forma absoluta.

No hay, por consiguiente, ninguna variable de utilidad (el placer individual o colectivo, el progreso científico, lo que se quiera) que sea superior al hombre éticamente considerado, esto es, como medio de todas y cada una de las utilidades que quepa imaginar. Por este motivo, matar a un "nasciturus" jamás será ético, dado que ni persigue fines de naturaleza ética con ello ni, lo que es más grave, los permite, al privarlos de sus agentes necesarios. Sólo será moral obrar así cuando se dé una disyuntiva fatal entre proteger al individuo ya socializado -a saber, la madre- y mantener vivo al que aún no ha recibido las cargas ni las prerrogativas que confiere la comunidad política a sus miembros.